El sector del alquiler en España pasa por una oportunidad única de remodelar su parque de viviendas sostenible. Grandes inversores ven con buenos ojos la inversión en España, sin embargo, el marco jurídico que lo envuelve puede ser una de las razones que causen mayor reticencia
Muchos fondos de inversión tienen puesto el ojo en el mercado inmobiliario español. Las circunstancias sociales y la situación del mercado inmobiliario han hecho que muchos de estos fondos consideren seguro y rentable a largo plazo el suelo español para la creación de vivienda en alquiler. Sin embargo uno de los «peros» más importantes es debido a la falta de fortaleza de una normativa jurídica que lo envuelve.
El efecto de la pandemia en los alquileres en España
El sector del alquiler en España ha sufrido como todos. Aun así, el mercado del alquiler ha sido el activo inmobiliario que ha resistido mejor a estos meses de pandemia.
Es lógico pensar que la venta de viviendas cayó a la vez que se disparaba la demanda. En el caso de los alquileres, también se ha hecho notar el efecto del coronavirus aunque la demanda de pisos en alquiler sigue alta. En los últimos años, la demanda ha crecido tanto como para alcanzar más de un 20% de cuota de mercado.
Además lo convierten en un sector «seguro» debido a la escasa oferta de viviendas en alquiler. El sector se define por una escasa profesionalización. Más del 90% de las viviendas en alquiler pertenecen a particulares que alquilan su segunda vivienda o su vivienda de la ciudad al poder jubilarse y vivir en otras zonas. Al fin y al cabo, estar en posesión de una vivienda ha sido una de las preferencias en las últimas décadas para los españoles a la hora de pensar en una renta futura.
Reticencia de los fondos de inversión
Varios fondos de inversión, sobre todo ingleses y americanos, tienen los ojos puestos en el suelo español. Dada la gran demanda y la escasa profesionalización del sector, estos fondos ven una oportunidad para poder levantar miles de viviendas en calidad de alquiler para los próximos años. Sin embargo, hay ciertas reticencias o inseguridades respecto al marco jurídico que envuelve el sector del alquiler en España. Sobre todo después de las últimas regulaciones en materia de vivienda que se han dado en Cataluña.
«La seguridad jurídica es vital para fomentar un mercado del alquiler de vivienda eficiente y competitivo en precios. Una regulación excesivamente intervencionista, como la que se ha dado en los últimos años en España, produce una reducción de la oferta de vivienda, incremento de precios y pérdida de inversiones», Eduard Mendiluce.
La regularización de precios y la intervención del gobierno supone un problema para los inversores. Dichas acciones intervencionistas desestabilizan el mercado: Merman la oferta de vivienda, incremento de precios y dificulta la inversión para nuevos proyectos.
Otra de las medidas que recalca el sector del alquiler, son las regulaciones aprobadas por Cataluña desde el pasado mes de febrero en calidad de vivienda social. En esa normativa, obliga a los inversores de vivienda a ofrecer alquileres sociales a personas que hayan ocupado una vivienda vacía durante más de 6 meses. Algo que según el sector, vulnera la propiedad privada.
Otra de las principales reticencias que plantea el sector del alquiler, es la diferenciación jurídica entre inversores particulares y los «Grandes tenedores» (propietarios de más de 10 viviendas)
«La discriminación de los grandes tenedores de vivienda en la legislación del alquiler residencial es de dudosa legitimidad jurídica y dificulta el desarrollo de un sector más profesionalizado y la llegada de nuevas inversiones. Además, es una discriminación inédita en Europa, lo que sitúa a España como la excepción en la regulación del mercado del alquiler entre nuestros países vecinos»
Equilibrio del déficit del suelo para vivienda
Es cierto que la inversión necesaria para levantar un parque público-privado de vivienda asequible está muy por encima de las posibilidades del gobierno, sobre todo porque hablamos de una inversión que superaría los 200.000 millones de € (según Javier Rodríguez Heredia, socio de Azora). Por eso se recuerda lo necesario de la inversión privada para lograr estos objetivos. Además, no hay otro país europeo que realice dicha distinción incluso en aquellos con parque de vivienda público-privado asequible.
Según el responsable del área residencial de Azora, hacen falta unas 1,5 millones de nuevas viviendas para el alquiler para equilibrar ese déficit de vivienda pública asequible. Esto junto al interés de los grandes fondos de inversión, definen la situación como una oportunidad histórica para España de promover un sector del alquiler más sostenible y adecuado acorde a otros países europeos.
