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Madrid ha rechazado la imposición de topes a los precios de alquiler, una de las medidas que recoge el acuerdo programático del futuro Gobierno, entre otras razones porque considera que produce una disminución de pisos en el mercado y eleva sus precios.
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Los analistas alertan de la incertidumbre regulatoria, sobre todo teniendo en cuenta que muchos Gobiernos autonómicos ya han anunciado que no aplicarán la norma. Es un ataque sin precedentes a la propiedad privada y los inversores, sean o no fondos, dejarán de invertir en el sector.
El Ayuntamiento de Madrid no va a fijar topes al precio del alquiler
Esta medida propuesta por el Gobierno de España reduciría la oferta y llevaría los pisos al mercado negro.
El Consistorio de la capital defiende que para bajar los precios es necesario «revertir el proceso de ausencia de oferta» que atribuyen a un «estrangulamiento» del mercado durante el mandato de Manuela Carmena.
Según el consejero de Vivienda, la imposición de topes a los precios de los alquileres ha fracasado en los lugares donde se ha aplicado, como en Berlín y París.
En un reciente informe, el Banco de España ya alertaba de este riesgo. Alemania es el espejo en el que mirarse, pues el 50 % de sus hogares está en régimen de alquiler.
En algunas zonas como Berlín alcanza el 80 %.
La última regulación en la región fue anulada por el Tribunal Constitucional.
¿Qué pasó mientras estuvo en vigor?
El país estableció en el 2020 un precio máximo en el alquiler y congeló las rentas durante cinco años.
El mercado se articula en torno a un precio de referencia, que se utiliza para establecer un tope en los contratos de las viviendas anteriores al 2014. Molet explica que esta medida sí favoreció una caída de los precios de venta del 35 %.
Pero «lejos de incentivar el alquiler, provocó el efecto contrario: la oferta se desplomó, los propietarios no querían alquilar o invertir en reformas para poder hacerlo, y cada vez era más difícil encontrar un piso», asegura.
Aumentaron las demoliciones de viviendas antiguas de pequeño tamaño, «que podría deberse a una reacción de la oferta con el objetivo de aumentar la construcción de nuevas casas no sujetas a la regulación», indica el Banco de España.
En París, desde el 2018 se autorizó la fijación de precios dentro de un rango de referencia para zonas tensionadas.
En los Países Bajos, el precio máximo en el mercado privado y en el alquiler social viene determinado por un sistema de puntos según la calidad del inmueble. En Suecia, los precios de referencia y los incrementos máximos se fijan en acuerdos anuales entre asociaciones de propietarios e inquilinos de ámbitos municipales.
En Irlanda, los alquileres solo pueden aumentar un máximo del 4 % anual durante un período de tres años en las zonas tensionadas. En California (EE.UU.) limitan las subidas de las rentas a un 5 % anual, más la inflación. Afecta a viviendas de más de 15 años.
¨El mercado se regula solo¨, como se oye decir: Las estadísticas apuntan en otra dirección;
Los precios de los alquileres han subido un 50 % desde el 2013, según el Banco de España.
El 23 % de los españoles que viven en un inmueble alquilado —35 % es la media europea— ya dedican de media el 40 % de su salario a pagar esta renta.
Ello es así, ha sostenido, porque cuando se interviene de esa forma en el mercado, se produce una retirada masiva de los pisos y, en consecuencia, hay «un incremento de los precios y un aumento de la economía sumergida».
Actualmente el 93 % de los pisos de la EMVS están ocupados, pero con la actual normativa los que se quedan vacíos por ejemplo por renuncias no se pueden otorgar hasta que no terminen las convocatorias ya abiertas, una situación que el Ayuntamiento quiere solventar para que ninguna esté sin ocupar.
Madrid cuenta actualmente con más de 6.300 viviendas, que aumentará en 4.000 cuando finalice la construcción de los pisos que se iniciaron durante el mandato de Manuela Carmena y que completarán PP y Cs para aumentar un parque público que se redujo en 2013.
