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El Gobierno central pretende blindar la poca vivienda pública dedicada al alquiler asequible que queda en España y hacer lo propio con las decenas de miles de inmuebles destinados al mismo fin que están proyectados o ya en fase de construcción.
Estudia cómo hacerlo sin chocar con la competencia autonómica.
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En el marco de la futura ley estatal por el derecho a la vivienda, la cual contempla medidas que impedirían a las comunidades autónomas y gobiernos locales vender o enajenar las casas de su titularidad, como ya ha sucedido en varias ocasiones en regiones como Madrid.
La idea del Gobierno, es establecer un mecanismo legal para blindar las viviendas que ya existen, casi 300.000 en toda España, y que las que hoy están desarrollándose con fórmulas de colaboración público-privadas no puedan ser vendidas una vez que la titularidad de los inmuebles sea 100% pública. El conocido como Plan 20.000, por el que se construirán unas 24.000 viviendas para el alquiler asequible en toda España, ilustra cuál sería el funcionamiento en el segundo de los dos casos.
Por este plan, varias promotoras y constructoras privadas levantarán en suelo público los inmuebles con la condición de que también gestionen su alquiler social durante un plazo de hasta 75 años. Pasado este tiempo, los pisos pasarían a formar parte del parque público de cada región. La idea es que justo en ese momento comience a funcionar el blindaje, impidiendo la venta en el hipotético caso de que la administración quisiese desprenderse de las casas. Este seguro tendría a su vez carácter permanente.
Esta iniciativa ha conseguido ver la luz gracias a la financiación de los diferentes planes estatales de vivienda y también de los fondos europeos. -Es una inversión que no se puede perder. No puede volver a producirse una enajenación como la que hemos visto en algunas ocasiones-, explican los directivos que prefieren no señalar a ninguna comunidad en concreto.
El mecanismo del blindaje, enmarcado dentro de la próxima ley estatal de vivienda, tendría el visto bueno tanto del PSOE como de Unidas Podemos, que negocian la futura norma aún con importantes divergencias en lo que se refiere a la regulación de precios del alquiler. A la hora de proteger la vivienda pública, los dos socios de Gobierno parecen estar de acuerdo.
Según las últimas cifras oficiales, el parque público destinado al alquiler asequible ronda en España los 290.000 inmuebles. De ellos, unos 180.000 son de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otros 110.000 corresponden a los ayuntamientos y sus entidades. Este parque ofrece cobertura a únicamente un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en el país.
A las ya existentes se le suman las decenas de miles de casas proyectadas por el Ejecutivo con el objetivo de engordar el exiguo parque. Por un lado están las 24.000 del citado Plan 20.000 y, por otro, las viviendas que se construirán con cargo al fondo de recuperación de la UE, que sumarán otras 20.000 al alquiler social para alcanzar un total de 44.000 inmuebles más antes de que termine la legislatura.
El objetivo de Transportes, además, es sacar al alquiler asequible otras 56.000 viviendas, aunque en esta ocasión lo haría mediante acuerdos de cesión temporal con empresas privadas, por lo que no podrían incluirse en el parque público.
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