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El Consejo de Ministros aprobó la Ley Nacional de Derechos a la Vivienda, que incluye controles de alquiler en barrios pobres. Esto ha sido aprobado a pesar de un informe del Consejo General del Poder Judicial que advierte que la disposición vulnera las competencias de la comunidad autónoma. Después de más de un año de tira y afloja entre los socios de la coalición Unidas Podemos y el gobierno del PSOE, el gobierno finalmente ha logrado acordar y ratificar los términos.
La nueva ley fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros, pero esto no significa que haya entrado en vigor. Hasta entonces, necesita el apoyo de una mayoría en el Congreso. Ahora la administración debe enviar el texto de las normas al Congreso, que, al igual que la reforma laboral, han exigido un tratamiento urgente. Esto no garantiza que se procesará rápidamente. Lejos de eso, todavía queda un largo camino por recorrer:
En el proceso general, una vez que el gobierno presenta un proyecto de ley al Congreso, los delegados tienen 15 días para proponer la totalidad o parte de la enmienda. El gobierno tiene entonces 15 días para responder. Los cambios deben ser votados y una vez finalizado el proceso, el Congreso votará el texto final. En este caso, cuando es urgente, se tarda la mitad. Una vez que un proyecto de ley es aprobado por el Congreso, pasa al Senado, donde también debe ser debatido y votado. Se adopta por mayoría simple.
