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Estas son las novedades que traerá la nueva Ley de Vivienda que está negociándose aún en el Congreso de los Diputados.
- Las nuevas promociones de vivienda tendrán que incluir alquiler público.
- Para bajar el precio del alquiler, se ofrecen ventajas fiscales para pequeños propietarios.
- Más impuestos para las casas vacías.
- Limitación en el precio del alquiler a las viviendas de grandes propietarios.
- Regulación de los desahucios.
- Definir que es una zona de mercado tensionado.
- Creación de vivienda asequible incentivada.
- Creación de un fondo social de vivienda.
- Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública.
Los pequeños propietarios (aquellos que poseen menos de 10 viviendas en propiedad) pueden optar a descuentos e incentivos fiscales con el fin de impulsar la bajada del precio de alquiler de sus pisos. Concretamente, se planea un descuento de:
- Bonificación del 50% a los propietarios que alquilen su vivienda.
- Bonificación del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años o si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación
- Bonificación 90% si la vivienda en alquiler está en una de las catalogadas zonas tensionadas.
Para fomentar la entrada de pisos desocupados en el mercado del alquiler, el Gobierno permitirá a los ayuntamientos imponer recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% sobre los inmuebles que lleven mucho tiempo desocupados. Los grandes propietarios (personas físicas o jurídicas con más de 10 viviendas o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida) deberán ajustar sus precios de alquiler según el índice de referencia de su zona o mantener los contratos previamente celebrados si se encuentran en una situación de estrés. zona. El mercado. Existe un plazo de 18 meses desde la aprobación legal para la creación del índice anterior y la aplicación de esta restricción. La ley prevé mejoras en los procesos de desalojo que afecten la residencia permanente de las familias desposeídas. De esta forma, pretende garantizar una comunicación eficaz y rápida entre las autoridades judiciales y los servicios sociales, que les permita evaluar la situación y, en su caso, brindar atención oportuna a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
Para dar tiempo a resolver estos casos, se ha ampliado el plazo de desahucio de 1 a 2 meses si el propietario es una persona física, y de 3 a 4 meses si el propietario es una empresa.
