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Las asociaciones inmobiliarias han alertado del impacto que tendría en la clase media, y no en los grandes fondos de inversión, los límites al alquiler.
Empobrece la oferta, promueve la economía sumergida y aumenta la discriminación a la hora de seleccionar arrendatario. Estas son algunas de las conclusiones sobre los efectos de limitar los precios del alquiler.
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Limitar administrativamente los alquileres puede beneficiar en un principio a los inquilinos, pero a largo plazo les perjudica porque desincentiva la salida al mercado de muchas viviendas y la escasez acaba encareciendo los precios.
El problema en los últimos años es que el precio de la vivienda ha crecido con fuerza, y eso dificulta el acceso a las personas con menos recursos.
En términos reales, los precios desde los años 90 han llegado a incrementarse hasta un 100% en ciertos países. En España subieron muy rápidamente en los primeros años 2000, pero después sufrieron un bajón abrupto con la crisis financiera.
Desde 2012 la inversión en vivienda está progresando de nuevo a un ritmo más elevado. Y se está agravando la fractura de precios por regiones, con una presión que es particularmente marcada en ciudades como Madrid y Barcelona.
El acceso a la vivienda es particularmente complicado en España para las personas con bajos recursos. Entre el grupo del 20% con menores ingresos, un 46% tiene que dedicar, al menos, el 40% de su salario a la vivienda.
España es uno de los países en los que hay una mayor proporción de propietarios (ligeramente superior al 75%), netamente por encima de la media, que se sitúa en torno al 70%. En Dinamarca, Austria, Alemania, Suiza y Colombia ese porcentaje no llega al 50%.
Eso significa que el peso del mercado del alquiler es mucho más reducido y constituye con mucha frecuencia un obstáculo para la movilidad laboral de las persones.
Como han alertado instituciones como el Banco de España, el FMI y coinciden economistas y un amplio espectro del sector inmobiliario, esta medida a medio y largo plazo genera gran inseguridad y hace del alquiler una opción menos atractiva, provocando que los propietarios no pongan sus viviendas en alquiler o directamente las pasen al mercado de la venta.
- Mayor dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo para colectivos vulnerables. Como consecuencia de esa reducción de la oferta, alquilar una vivienda se hace más complicado sobre todo para los colectivos vulnerables, familias con pocos recursos económicos y jóvenes, ya que, al haber menos oferta, se ven reducidas las opciones de acceso a la vivienda a precio asequible. Además, en un contexto más inestable e inseguro del mercado y de la economía, los propietarios dan prioridad a los perfiles más solventes.
- Aumento de la economía sumergida. La aplicación de esta medida en otros lugares del mundo ha demostrado que genera economía sumergida, ya que, al regular los precios, muchos propietarios completarán el importe de la renta a través de la economía sumergida.
- Aumento de la inseguridad jurídica. La aplicación de este tipo de medidas y la inestabilidad legislativa está provocando una enorme inseguridad jurídica que tendrá efectos directos y perjudiciales para el desarrollo de un mercado del alquiler en España de mayor calidad, más profesionalizado y con una estrecha colaboración público-privada.
