El decreto que pretende implantar la generalitat de cataluña, dicta que las viviendas vacías durante más de 2 años sin causa justificada, deben ir destinadas a vivienda social
El alquiler de cataluña se complica por un decreto (aprobado en diciembre) que obliga a los propietarios de los fondos de inversión a ceder sus inmuebles “vacíos”. Y que vayan destinados para alquiler social cuando alcancen los 6 meses de ocupación.
Nuevo decreto que “protege” la okupación
Cataluña se ha convertido en la primera comunidad que protege la okupación frente a los fondos de inversión. Por segunda vez se planteará un decreto que el sector rechaza incondicionalmente.
Hoy se tratará esta medida en el parlament para ser votada. Será una medida bastante dura puesto que ni el sistema judicial enfocado a los desahucios de okupas podrá evitar esta medida.
Hasta ahora, el sistema judicial podía “echar” a lo okupas si los propietarios denuncian frente a un juez su estado de ocupación. Con la aprobación del decreto no se podría hacer nada.
Un ataque a la propiedad privada
Mientras tanto el sector inmobiliario condena esta medida y la rechaza considerando que es una intrusión que atenta con el derecho a la propiedad privada.
Este decreto ya está haciéndose notar en el mercado inmobiliario, la desconfianza aumenta y sus efectos negativos se harán notar a medio y largo plazo. Algo que, según los representantes del sector inmobiliario de España lo han definido como “desprotección absoluta frente al mercado” y un “drama” que costará muy caro al sector.
El decreto ya aprobado en diciembre del año pasado trata fundamentalmente de ampliar el parque público de viviendas protegidas. Parte de este decreto, va dirigido también a sacar al mercado las viviendas que estén vacías…ahora bien estas viviendas deben cumplir ciertas condiciones para que “salgan al mercado”:
- 1. Viviendas que estén desocupadas permanentemente
- 2. La vivienda debe estar mínimo 2 años vacia
- 3. No hay una causa justificada por tener la vivienda vacía
Por otra parte, también se han modificado las medidas en cuanto a la recalificación de terrenos. Con el nuevo decreto, los cambios en cuanto a los terrenos se han modificado. Si un terreno pasa a ser residencial, se debe reservar el 40% para vivienda asequible (un 10% más). Esta medida incluye también solares y terrenos recalificados para ser urbanizables.
Diferencia de opiniones entre el sector y el ayuntamiento de Barcelona
Si bien desde el ayuntamiento ven favorables estas medidas, el sector privado y diferentes personalidades del sector inmobiliario, ven estas medidas como un atraso en el alquiler y que no logrará los efectos que se pretenden sino que perjudicará más aún la situación del alquiler.
“Lo valoramos negativamente, ya que tendrá efectos totalmente contrarios a los pretendidos, reduciendo el parque actual en alquiler, e impidiendo que se construya uno nuevo, al mismo tiempo que endurecerá la selección y valoración de los posibles arrendatarios.”
Asociación de Promotores de Cataluña (APCE).
“Veo complicado que se vayan a desarrollar en Barcelona promociones de vivienda para el alquiler, dado que tienes el doble efecto del 40 % de vivienda protegida, y una legislación ‘podemita’ que protege solo a los usuarios”
Mikel Echevarren (Colliers)
Según el consejero delegado de Colliers, esto será el hundimiento total del mercado de promoción residenciales en la ciudad de barcelona.
“cualquier medida u obstáculo que afecte a nuestra capacidad para desarrollar la actividad supondrá poner en peligro el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las autoridades españolas y europeas y con sus propios accionistas e inversores”.
Sareb (sector residencial)
“En líneas generales puede ser una medida que desincentive la inversión en residencial en la ciudad (…)Si bien creemos que la intención es positiva para dar solución al problema de acceso a la vivienda que hay que solventar, no creemos que esta sea la línea a seguir».
Neinor Homes (principales promotoras de España).
Barcelona es uno de los casos en los que las nuevas políticas sociales están incidiendo de forma severa en uno de los mercados con mayor tensión. Si bien desde el ayuntamiento ven factibles estas medidas, desde el sector privado no ven con buenos ojos este decreto que, según ellos, acabará por hundir el mercado.
