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Unidas Podemos ha asegurado que el PSOE se abre a negociar la propuesta de regulación del precio del alquiler.
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Desde Unidas Podemos han reiterado que el acuerdo de Gobierno debe «cumplirse» incluyendo en la ley la regulación de precios del alquiler y se muestran «satisfechos» de que el PSOE esté «empezando a reconocer que su propuesta no sólo es socialmente injusta, sino también ineficaz».
Concretamente, Podemos rechaza el modelo de incentivos por no ajustarse al pacto de coalición. Frente a ello, reivindica un sistema de control de precios y obligaciones para grandes propietarios de cara a destinar parte de sus viviendas vacías a alquiler social.
Un informe de la Vicepresidencia segunda, al que tuvo acceso Europa Press, incide en que la regulación del precio del alquiler tiene efectos positivos a «corto plazo» y se ha extendido en múltiples países desde 2008, con especial mención al caso de Berlín, sin afectar al volumen de oferta.
Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía.
A lo largo de la semana, los mensajes cruzados entre distintos miembros del Gobierno y entre otras fuerzas del bloque de la investidura han sido constantes, hasta el punto de que este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha tenido que reconocer que la norma está siendo objeto de un «fuerte debate» dentro de la coalición. Con todo, ha añadido Sánchez, «vamos a llegar a un consenso y vamos a tener por fin la primera ley en el ámbito estatal de vivienda», ha asegurado durante la sesión de control en el Congreso, donde también ha pedido «realismo» a la hora de diseñar este tipo de políticas.
El acuerdo para establecer topes en las rentas del alquiler, se fijó al principio de la legislatura, pero el mercado de la vivienda ha variado debido a la pandemia en el último año, entre otras cosas porque parte de la tensión venía derivada de los pisos turísticos. Así, la realidad residencial que vieron a finales de diciembre, ya no es la misma. También avanzaron que no se llevará a cabo una ley de vivienda que no tenga el concurso de ambas formaciones políticas, ni se va a llevar sin tener la seguridad de que la norma está perfectamente articulada en el marco constitucional.